La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural ha presentado sus alegaciones al proyecto de decreto con el que el Gobierno regional pretende regular la producción de biometano a partir de residuos orgánicos. La entidad reclama que la normativa definitiva blinde el derecho de los ayuntamientos a vetar proyectos y que establezca límites efectivos a la concentración de estas instalaciones industriales en un mismo territorio.
Las propuestas surgen de la experiencia del municipio conquense de Campos del Paraíso, con poco más de 600 habitantes, donde se proyectan hasta tres plantas de biometano. La situación ha generado una importante movilización vecinal: cerca de 2.000 personas se manifestaron en marzo y más de 5.000 firmas se han recogido en Change.org contra estas macroplantas, según indica Liberal de Castilla.
Decisión municipal vinculante y blindada
Una de las principales demandas de la asociación es reforzar la capacidad de decisión de los ayuntamientos. El borrador del decreto exige un acuerdo favorable del Pleno municipal antes de autorizar una instalación, pero la asociación quiere que ese pronunciamiento sea vinculante: si un pleno rechaza expresamente y con motivación un proyecto, este no debería autorizarse.
Además, piden que la eventual declaración de un proyecto como estratégico o de interés regional no pueda utilizarse para sortear la decisión municipal ni rebajar las garantías ambientales y de participación pública. La asociación también propone que los pequeños municipios sin medios técnicos dispongan de asistencia jurídica, ambiental y agronómica independiente y gratuita para analizar estos proyectos antes de pronunciarse.
Capacidad de carga territorial: evitar la concentración
Otra de las propuestas centrales es incorporar el concepto de capacidad de carga territorial. La asociación considera insuficiente evaluar cada planta de forma aislada cuando varias instalaciones pueden competir por los mismos residuos, afectar a las mismas masas de agua, utilizar las mismas carreteras y necesitar las mismas superficies agrícolas para gestionar el digerido.
Por ello, reclama que antes de autorizar una nueva instalación sea obligatorio analizar conjuntamente todas las plantas existentes, autorizadas, en tramitación o proyectadas en el municipio y su entorno, y que se establezca una capacidad máxima de tratamiento compatible con los recursos disponibles. Si esa capacidad estuviera agotada, deberían denegarse nuevas instalaciones.
La asociación también pide la creación de un mapa autonómico de capacidad territorial que recoja plantas autorizadas y proyectadas, fuentes de residuos, rutas de transporte, masas de agua y acuíferos, zonas vulnerables a nitratos y superficies disponibles para el digerido. «Tres plantas en un mismo municipio no pueden analizarse como si las otras dos no existieran. Además, en Huelves y Tarancón, localidades de la misma comarca y muy próximas, existen otros tres proyectos, haciendo un total de siete a escasos kilómetros», señalan.
Distancias de 10 kilómetros y residuos realmente de proximidad
Frente a los 2.000 metros establecidos en el borrador respecto del suelo urbano residencial, la asociación propone elevar la distancia mínima hasta 10 kilómetros, y extender la protección a viviendas aisladas, residencias, centros educativos, sanitarios y sociales, además de reforzarla alrededor de captaciones de agua y acuíferos vulnerables.
En cuanto al origen de los residuos, el borrador establece que al menos el 80% de la materia prima proceda del propio municipio o de un radio máximo de 35 kilómetros. La asociación propone que esta exigencia afecte al 100% de los sustratos, permitiendo únicamente excepciones justificadas que no superen el 10% del total. Esta preocupación ha sido especialmente relevante en Campos del Paraíso: en el proyecto más avanzado, promovido por una filial de Ence, la documentación contempla 90.000 toneladas anuales de purines y gallinaza, cuando la generación local de este tipo de residuos es muy inferior.
Cálculo del impacto real: tráfico, digerido y huella de carbono
Las alegaciones incluyen medidas para que el impacto de las plantas se calcule sobre su actividad real. La asociación propone que los estudios de tráfico contabilicen todos los desplazamientos, incluidos viajes de ida y vuelta de camiones que transportan residuos y digerido, trabajadores, vehículos de mantenimiento y situaciones de máxima actividad.
Respecto a la huella de carbono, reclaman que incorpore todo el ciclo de vida: transporte, consumos energéticos, maquinaria, emisiones fugitivas de metano, tratamiento y aplicación del digerido. Cada instalación debería demostrar una reducción neta real de emisiones frente a la situación de partida.
En cuanto al digerido, piden que la empresa titular mantenga la responsabilidad sobre su trazabilidad y destino final aunque contrate su gestión con terceros, con garantías reforzadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Aplicación a proyectos en marcha y transparencia pública
La asociación considera determinante que la futura normativa se aplique a las plantas actualmente en tramitación. El borrador contempla una suspensión de hasta 24 meses de determinados procedimientos para su adaptación al nuevo marco. Los vecinos reclaman que esos proyectos tengan que acreditar nuevamente el cumplimiento real de las nuevas condiciones ambientales, territoriales, de distancias, tráfico, suministro de residuos, gestión del digerido y capacidad de carga territorial.
Finalmente, la asociación reclama la creación de un Registro Público de Plantas de Biometano que permita consultar capacidad autorizada, cantidades y procedencia de residuos, rutas de transporte, emisiones, controles de olores, analíticas, incidencias, inspecciones, sanciones y destino final de los residuos. También propone que las inspecciones correspondan prioritariamente a personal de la Administración y que sus resultados sean públicos.
La Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural insiste en que sus propuestas no cuestionan el aprovechamiento de residuos orgánicos ni las energías renovables, sino un modelo basado en grandes instalaciones desligadas de la generación local. Por ello, plantea que la Junta priorice proyectos de menor escala, ligados a residuos y consumos energéticos locales, incluyendo fórmulas de autoconsumo, cogeneración o comunidades energéticas cuando resulten ambientalmente más favorables. «Campos del Paraíso ya ha demostrado que los pequeños municipios no están dispuestos a ser meros receptores de decisiones tomadas desde fuera», concluyen.